Los intendentes radicales se hicieron eco de las declaraciones que brindó el ministro del Interior, Miguel Acevedo, a raíz de la polémica que se generó por las denuncias de discriminación, discrecionalidad y disparidad en la distribución de fondos -reintegrables y no reintegrables- a los municipios. Pusieron especial énfasis en que no cuentan con documentación sobre las deudas que la Provincia asegura que mantienen Bella Vista, Concepción y Yerba Buena por una sumatoria superior al $ 6.000 millones.

El intendente bellavistense, Sebastián Salazar (JxC), dijo no haber sido informado cómo se habría originado la deuda mencionada por el ministro ni de qué año data. “No tengo la documentación en concepto de qué se originó. Siempre hablan de la deuda de Concepción, de Yerba Buena y de Bella Vista. Lo raro es que sean números redondos. ¿Únicamente estos municipios deben? Nos gustaría tener esa información”, dijo el candidato a diputado a LA GACETA.

Sin coeficiente

Acevedo declaró que ningún jefe municipal fue obligado a firmar el Convenio Consensuado de Fondos Unificados (antes llamado “Pacto Social”). “Quiero resaltar que es un convenio. Si no le hubiese gustado no lo hubiesen aceptado. El pacto no es obligatorio; esto es político”, dijo. Además, expresó que si la Provincia no los hubiese asistido económicamente “no podrían haber llegado ni a finalizar un mandato”.

Salazar afirmó que, si no firman, el Poder Ejecutivo los asfixia y no les libera los fondos para las planillas salariales. De todos modos, consideró que el foco del tema es “la discriminación y la arbirariedad” que hay de parte de la Casa de Gobierno para los desembolsos de dineros. “Nos termina dando la razón sobre que no hay un criterio objetivo en la distribución de los recursos. Queremos que no haya diferencias entre municipios de la misma categoría”, remarcó.

El ministro declaró a este diario que tanto los fondos reintegrables (los que la Provincia gira para el pago de salarios y el funcionamiento de los distritos) como los no reintegrables (los que se entregan para obras públicas) se acuerdan con el gobernador en base a las necesidades planteadas por los intendentes, no por una fórmula matemática. “No es que sea un coeficiente o un parámetro coparticipable, no existe eso. Son convenios, hay flexibilidad. No hay un índice, por eso no se puede comparar ni por extensión ni por territorio. Esto es consensuado”, recalcó.

En ese sentido, el bellavistense consideró que Acevedo reconoció de ese modo que las leyes de coparticipación para municipios y comunas (Ley 6.316) no contempla las necesidades reales de los distritos. “Habla de un sistema agotado porque no hay coeficiente, sino que es un criterio subjetivo. Eso es grave. Nos termina dando la razón sobre un criterio subjetivo en la distribución de los recursos”, expuso.

Salazar afirmó que ve muy trabada la instancia de diálogo, por lo que no descartó concurrir a la Justicia. De todos modos, afirmó que están analizando salir del “Pacto Social” porque estarían recibiendo menos fondos de los que les corresponden por coparticipación.

¿Y las obras?

Molinuevo también dijo que desconoce cómo y cuándo se habrían originado las deudas que planteó Acevedo. “Todo es discrecionalidad y oscuridad. Nunca nos brindaron información de ninguna deuda”, aseguró. En la misma línea que Salazar, afirmó que la Provincia no les brinda detalles sobre qué criterios tienen para la distribución de fondos. “Eso le corresponde a cada uno de los vecinos de Concepción. Hay una clara discriminación en cuanto a los municipios opositores. ¿Cómo explica que municipios como Burruyacu, Lules o Aguilares se les envíe tantos fondos y no se los ve en obras? Lo invitaría al ministro a que recorra Burruyacu para que me diga dónde están las obras”, desafió.

En lo que va de 2023, el Ejecutivo giró $ 11.853 millones no reintegrables para municipios y comunas. El distrito más favorecido con este tipo de desembolsos fue Burruyacu con $ 1.880 millones. En el otro extremo están los distritos de JxC, con cero pesos recibidos bajo este concepto.

El intendente de Concepción declaró que el Gobierno que encabeza Juan Manzur les está dando los dineros mínimos para funcionar y así beneficiar a otros que son del mismo espacio político. “Nos quieren manejar con el látigo y la billetera”, lanzó. Además, criticó que sólo se distribuya el 13% de lo recaudado (la media en otras provincias es del 20%, dijo) y que Ingresos Brutos no entre en la masa coparticipable. “Se produce una caja negra que no sabemos dónde van a parar esos fondos”, añadió.

Campero, por su parte, afirmó que la Provincia les debe dinero a los tres municipios de los radicales, según los coeficientes de la Ley de Coparticipación. A su vez, planteó cómo es que los tres municipios que menos fondos reciben son los más endeudados, según el ministro.

Salazar, Campero y el diputado Roberto Sánchez se reunieron el lunes con el Arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, para ponerlo al tanto de la problemática. “Queremos el cese de la discriminación a los municipios opositores, pero también queremos que se avance con una reforma de la ley de coparticipación para que se pueda garantizar la autonomía municipal sin tener que mendigar a la provincia”, sostuvo el religioso.